viernes, 11 de marzo de 2011

Manjón: "Las víctimas del 11-M son también víctimas de la crisis"


La presidenta de la principal asociación de afectados recuerda que, "en democracia, la verdad sólo se consigue a través de las sentencias"

Hoy se cumplen siete años del terror. Siete años desde que una célula islamista acabó con la vida de 192 personas en los atentados más graves que ha sufrido la sociedad española. Y siete años desde aquel 11 de marzo de 2004 en que Pilar Manjón perdió a su hijo Daniel en uno de esos trenes atestados que trataban de alcanzar el centro de Madrid desde la periferia.

Desde ese mismo momento en el que se erigió en cabeza visible del sufrimiento de las víctimas, Manjón ha dedicado su vida a recordarlo a él y a los otros 191 fallecidos en la masacre, así como a sus familiares y a los más de 2.000 heridos. A darles un apoyo psicológico y a ayudarles en lo que esté en su mano para lograr las mejores condiciones sociales posibles para ellos.

Se puede pensar que su trabajo al frente de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo es un muro con el que Manjón choca cada día y que le impide encontrar la salida del agujero que le causó la muerte de Daniel. Pero ella se defiende: "Mi vida hoy es completamente normal, excepto cuando me voy a la cama y me doy cuenta de que no tengo un hijo".

Estas son fechas delicadas. "Todo vuelve a removerse", reconoce en la sede de la asociación del madrileño barrio de Santa Eugenia, que esta semana registra mayor trasiego del habitual. Siete años después, esta organización, que aglutina a la mayor parte de los afectados por los atentados, sigue trabajando al máximo.

"Este último año, el problema que más me preocupa es el social. No hay día que no tenga que firmar cuatro o cinco informes solicitando ayuda social para personas que fueron víctimas de los atentados y que ahora son víctimas de la crisis", lamenta Manjón.

En los trenes "iban trabajadores, estudiantes e hijos de los trabajadores, a quienes, en un momento de vacas flacas, la crisis ha golpeado mucho más fuerte que a los demás", añade.

La atención psicológica sigue siendo el motor esencial de la asociación. El equipo de psicólogos ya ha examinado a 500 personas y muchas de ellas siguen en tratamiento terapéutico. A las secuelas psicológicas se suman las físicas, que en algunos casos se han agravado a lo largo de los años.

La asociación de Manjón ha presentado dos providencias ante la Audiencia Nacional solicitando una revisión por agravamiento de secuelas de las indemnizaciones que estableció la sentencia firme sobre los atentados, que fue decretada en 2008. "El agravamiento de las secuelas es causa-efecto de un atentado terrorista", reconoce su presidenta.

Las víctimas están siendo ahora reconocidas por un forense y la Audiencia determinará si realmente es necesario modificar la cuantía que les fue asignada por el juez. Manjón no tiene mucha esperanza ya que el magistrado "considera que la sentencia es inamovible". Lo cierto es que las secuelas permanecen en cientos de heridos. Y una de ellas, la joven Laura Vega, sigue en estado vegetativo en un hospital madrileño sin que su salud registre ningún tipo de avance.

Siete años después del 11-M, la investigación de lo ocurrido e incluso la sentencia siguen estando en entredicho para algunos medios de comunicación y para un partido político, el PP, que aquel día de marzo de 2004 estaba en el Gobierno.

"Cada vez que se aproximan unas elecciones, algunos salvapatrias empiezan a decir que las víctimas del 11-M quieren saber la verdad. Pero serán las víctimas que atienden a su discurso, que atienden a los vocingleros de la radio", insiste Manjón visiblemente cansada del asunto.

En su asociación "hay 1.500 víctimas del 11-M, según el libro de socios auditado el mes pasado. No es que estemos contentos con la sentencia. Yo he sido la primera en criticarla. Sale muy barato matar. Pero es que la democracia me ha dado esos tribunales de Justicia. Y la verdad absoluta sólo existe en las dictaduras. La verdad, como tal, en una democracia, se consigue sólo a través de las sentencias. Y nosotros tenemos dos firmes", dice en referencia a los fallos de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Los documentos del PP

El PP, en boca de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, aseguró en enero que, cuando gobierne, entregará a las autoridades judiciales que lo soliciten aquella documentación sobre los atentados que el "Gobierno ahora niega al juez".

Manjón, "harta de la teoría de la conspiración", emplaza a los conservadores a que "procuren no sacar esas pruebas después de las elecciones. Si alguien tiene pruebas, las lleva al juzgado que está investigando el asunto y no las guarda durante siete años para hacer una campaña electoral con el dolor de las víctimas".

En todo este tiempo, lo que más pena le produce es que "haya víctimas del 11-M que defienden a sus propios verdugos". No obstante, reconoce que su relación con otras asociaciones de víctimas es buena. Igual que con el conjunto de la sociedad, que sigue siendo "cariñosa y activa" con los afectados por el atentado.

martes, 8 de marzo de 2011

CCOO denuncia que la reducción del gasto y de la inversión social amplía la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres

Carmen Bravo, secretaria confederal de la Mujer de CCOO, ha denunciado en su intervención, hoy día 7, en Ginebra, ante la Organización Internacional del Trabajo, que las políticas de reducción del gasto y de la inversión social practicadas por los gobiernos de los países de la UE ante la crisis perjudican gravemente la participación social y económica de las mujeres.


Para CCOO, las medidas económicas y laborales que están adoptando los diferentes gobiernos de la UE están aumentando las desigualdades preexistentes como consecuencia de la destrucción de empleo, por el debilitamiento de los servicios públicos y por la disminución en la inversión económica para el mantenimiento de las redes de protección social. "Esas brechas de desigualdad pueden acabar adquiriendo un inamovible carácter estructural, con resultado atroz para el empleo femenino en el mercado de trabajo", subraya Carmen Bravo.

En opinión de la secretaria confederal de Mujer de CCOO, algunos gobiernos de la Unión Europea, la igualdad de género sigue siendo un reto presente en sus agendas políticas, no así para el Gobierno español, que decidió excluir la igualdad de entre sus objetivos políticos: y tomó la decisión de eliminar el Ministerio de Igualdad, lo que le convierte en un Gobierno con poca credibilidad y que genera poca confianza.

Según Carmen Bravo, el gobierno de PSOE ha renunciado a las políticas de igualdad de género y las conquistas en esta materia se ven gravemente amenazadas por el plan de ajuste económico, la reforma laboral, la disminución de los salarios al personal de las AAPP (Administraciones Públicas) y la congelación de las pensiones. Con estas medidas, se han degradado las políticas de igualdad, que han quedado estruendosamente marginadas.

"El presidente del Gobierno español ha cedido ante las presiones de la ideología machista imperante en muchos ámbitos del poder político y económico y en la derecha. Una decisión política, no sólo complaciente con la ideología que sostiene el modelo de sociedad patriarcal, sino que oculta el gravísimo problema de la discriminación laboral y social que aún sufren las mujeres. Se trata, una vez más, de un pacto político entre los varones del gobierno y de eliminar el compromiso de la aplicación de las transversalidad de género en todas las medidas", denuncia.

"El actual modelo productivo, que se está desmoronando en términos de empleo en nuestro país, ha despreciado el potencial de conocimiento, experiencia y talento que representan las mujeres. Éstas se ven abocadas al paro estructural o a trabajos que por su valoración social están peor retribuidos, con jornadas irregulares y antisociales. Hay que frenar la desvalorización social y económica que afecta a los sectores productivos y de servicios, públicos y privados, con mayoría femenina en sus plantillas. Es prioritario actuar decididamente en la consecución del necesario cambio del modelo productivo y actuar decididamente también para eliminar la segregación laboral por razón de género. Son estos sectores económicos los que concentran mayores índices de discriminación salarial y de precariedad laboral", añade.

Para CCOO, es urgente la contención del ensanchamiento de las brechas de desigualdad laboral para las trabajadoras. España ocupa ya uno de los lugares con mayores índices de desigualdad en las condiciones laborales y de discriminación salarial con respecto al resto de países de la Unión Europea. Para impedir que las brechas de género sigan avanzando -además de fomentar el valor de las actividades feminizadas mediante la creación de condiciones que mejoren la profesionalización y las condiciones labores- hay que poner en marcha medidas para la creación de empleo.

Para la recuperación económica y para el desarrollo de un modelo social justo, democrático, inclusivo y sostenible, CCOO insiste en que hay que mantener el esfuerzo en la inversión pública y en la protección a las personas, si queremos lograr crecimiento económico, empleo y cohesión social. Para ello, no sólo se debe actuar del lado del gasto, sino que es necesario fomentar una política sostenible de ingresos, desarrollando políticas fiscales eficientes, combatiendo la especulación y el fraude. Finalmente, CCOO considera que las políticas del Gobierno en estos momentos no pueden ni deben ser las misma que antes de la crisis, porque ahora las amenazas son mucho más fuertes y están siendo asumidas y transferidas a la realidad mediante las medidas adoptadas por los gobiernos de los Estados, para los que la economía es concebida como la senda más rápida para hacer crecer las potencialidades del mercado. Además, se apuesta por la economía especulativa a costa de reducir el gasto y la inversión social, reducción que perjudica gravemente la participación social y económica de las mujeres.

martes, 1 de marzo de 2011

Toxo pide una reforma financiera para afrontar el desempleo

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha recordado que el principal problema de nuestro país es el desempleo, con más de 4,6 millones de parados, ante lo que ha abogado por la generación de actividad económica que, según ha apuntado, debe llegar de la mano de una reforma financiera y fiscal que permita que el crédito fluya realmente a las familias y a las empresas.

Toxo ha pedido una reforma financiera, "pero no por la vía de la bancarización de las cajas", sino de forma que el sistema juegue el papel que le corresponde de transmisión del ahorro privado en forma de crédito a las familias y a las empresas", y ha advertido de que si no se resuelve este problema España tardará más que otros países en salir de verdad de la crisis.

A su juicio, la creación de actividad económica se está resintiendo por la combinación de una serie de factores como la congelación de las pensiones, la rebaja de los salarios o la caída de la inversión productiva.

Respecto a la Negociación Colectiva, Toxo se ha mostrado convencido de que es "posible" y "deseable" un acuerdo "en breve" con la patronal ya que es "necesario" en pro de una competitividad empresarial que debe ser respetuosa y compatible con los intereses y los derechos de los trabajadores. Finalmente, ha cargado contra la Reforma Laboral del Gobierno, que no está creando empleo sino que lo está precarizando todavía más. Toxo ha admitido que esta herida sigue abierta por lo que ha apelado a la Iniciativa Legislativa Popular que tratarán de forzar los sindicatos a través de la recogida de un millón de firmas para "rediscutir" algunos de los contenidos de una "reforma reversible", como el despido objetivo.

lunes, 7 de febrero de 2011

CC OO y UGT edificarán 92 VPO en Rabasa en régimen de cooperativa

Dos cooperativas de viviendas de UGT y CC OO anuncian para este año el inicio de la construcción de 92 viviendas unifamiliares de protección oficial en terrenos del llamado PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de Rabasa, con lo que esta promoción se va a convertir en una de las más importantes de 2011, dada la práctica paralización del sector en la ciudad.

Los terrenos para estas viviendas están situados en sendas parcelas próximas al colegio público número 54, y por lo tanto no forman parte del plan parcial de Rabasa , cuyas obras aún se retrasarán bastantes meses.
Las cooperativas de UGT y CC OO construirán 46 viviendas cada una, de las 336 previstas en este PERI. UGT prevé iniciar las obras en julio y CC OO en septiembre, siempre que el Ayuntamiento cumpla con los trámites de aprobación de la reparcelación. En cuanto a al entrega de llaves, se calcula para marzo de 2013.

Por lo que respecta a los precios, rondarán los 168.000 euros sin incluir el IVA. En las próximas semanas
ambas cooperativas sindicales anuncian la apertura de la reserva de pisos de entre la lista establecida al respecto, que se abrirá a más peticiones si no se completa la venta. UGT establece un pago inicial de 6.000
euros más el IVA, y CC OO de 3.000 para la reserva de la vivienda. Ambas cooperativas señalan que las
calidades serán superiores a las de VPO, tendrán 90 metros útiles, garaje, trastero y jardín. CC OO precisa que incluso tendrán instalado el aparato del aire acondicionado.

Ayer se inauguraron las obras de urbanización de esta zona del barrio después de un año tortuoso en el que
los problemas entre el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) y la urbanizadora (VÍAS) han mantenido los trabajos paralizados en varias ocasiones. Aunque con retraso, los viales pudieron comenzar a utilizarse en la mañana de ayer. La superficie urbanizada abarca 135.000 metros cuadrados, en los que se levantarán 417 viviendas, de las que 336 serán de protección oficial. Además de las zonas verdes, se han reservado 3.258 metros cuadrados para un centro comercial.

El nuevo incremento del paro en enero es consecuencia del "durísimo ajuste" impulsado por el Gobierno

El paro registrado del mes de enero se situó en más de 4,2 millones de personas, tras subir en 130.930 desempleados, un 3,2% más respecto al mes anterior, con lo que continúa así la tendencia de incremento mensual del número de personas en desempleo que se viene produciendo ininterrumpidamente desde el mes de agosto del año pasado. En opinión del secretario general de CCOO, este incremento se debe al "durísimo ajuste" impulsado por el Ejecutivo en materia de salarios públicos e inversiones para reducir el déficit público.

El paro aumenta tanto entre las mujeres, hay 78.879 (3,85%) nuevas desempleadas, como entre los hombres, 52.051 (2,54%) parados más. Por edades el desempleo crece tanto entre los más jóvenes, un 3,25%, con 447.866 menores de 25 años registrados como parados en los servicios de empleo, como entre los mayores de 25 años, que incrementan su número un 3,19%.


Por sectores, destaca el incremento en el sector servicios, con 105.080 personas más en desempleo (4,43%) y un total de 2.477.019 desempleados en este sector. También crece el número personas sin empleo anterior en 10.019 (2,81%).

En todas las Comunidades Autónomas, excepto Illes Balears (-562), sube el paro registrado, con los mayores aumentos en Cataluña (26.950), Andalucía (26.622), C. Valenciana (12.485) y Madrid (10.540).

En cuanto a la contratación, se incrementa el número de contratos indefinidos, con 9.562 contratos registrados más que en diciembre de 2010, y se reducen los temporales en 83.361. Anualmente crecen tanto los contratos indefinidos (8.138), como los temporales (57.648).

El número medio de afiliados a la Seguridad Social, en relación con el mes de Diciembre disminuye en 223.143 para el total Sistema y en 218.750 para el Régimen General. La pérdida anual de afiliados se ha ralentizado con respecto al año pasado. Este año ha sido de 184.173 afiliados y su tasa interanual desciende un 1,05%. En enero se ha producido una pérdida de afiliación generalizada en todos los sectores, la más alta en Construcción (-3,66%), seguida de Hostelería (-2,58%), Comercio (-1,57%) y Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (-0,71%). Sin embargo en términos interanuales la afiliación ha aumentado en Actividades Sanitarias y Sociales (5,33%) y Hostelería (1,05%) y las mayores pérdidas continúan produciéndose en Construcción (-10,48%), Industrias Extractivas (-6,59%) e Industria manufacturera (-3,17%).

En el último mes del año 2010 el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo desciende un 0,6%, situándose la tasa de cobertura en el 77,40%, lo que supone un 3,2% menos respecto al año anterior. En este sentido, CCOO recuerda que ya había alertado de este descenso en el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, por lo que en las negociaciones con el gobierno el sindicato ha insistido en la necesidad de mantener la ayuda para los desempleados que agotan las prestaciones y carecen de rentas para subsistir. De esta forma, estas personas van a contar con 400 euros de ayuda por participar en un itinerario de inserción.

Ante los datos de paro registrado, CCOO señala que "no podemos dejar de insistir en la necesidad de reactivar la actividad económica, para lo cual es necesario inversión pública y un cambio del modelo productivo que cree empleo de calidad".

Para CCOO, la reforma laboral sigue sin crear empleo y sólo esta facilitando y abaratando el despido y haciendo crecer la precariedad. El acuerdo alcanzado con el Gobierno en materia de pensiones, negociación colectiva y ayudas a las personas paradas, no supone que desde CCOO se vaya a frenar la exigencia de que se rectifique la reforma laboral. "Vamos a seguir insistiendo en la Iniciativa Legislativa Popular, cuya recogida de firmas se pondrá en marcha en los próximos días, para hacer reversible una reforma que está haciendo crecer la dualidad en el mercado laboral, la precariedad y la desprotección de los trabajadores y trabajadoras".

jueves, 3 de febrero de 2011

REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES: ACUERDO GLOBAL APROBADO HASTA LA FECHA:

Jubilación anticipada en situación de crisis: 61 años y coeficientes reductores

· Extinción por causas objetivas, individuales y colectivas

Jubilación anticipada: derecho subjetivo a 63 años y coeficientes reductores
Jubilación ordinaria: 65 años y 100% de la BR para cotizantes 38’5 años
Jubilación ordinaria: 66 años y 100% de la BR para cotizantes 38’5 años
Jubilación ordinaria: 67 años y 100% de la BR para cotizantes 37 años

Jubilación parcial
· Se mantendrá la situación actual de jubilación parcial a los 61 años
· La cotización será íntegra tanto para relevista como para relevado, en un periodo de 5 años desde la entrada en vigor de la reforma.

Periodo de cómputo para la Base Reguladora de la pensión de jubilación
· 25 años en dos fases: en los primeros 3-5 años a partir de la entrada en vigor de la reforma se alcanzarán los 20 años (2016-2018); en los siguientes hasta 25.

· Lagunas de cotización completadas con una de las fórmulas siguientes:
       * Se cubrirán todas las lagunas. Los 24 primeros meses con la base mínima de cotización, el resto con el 50% de la misma.

Escala de cálculo para acceder al 100% de la pensión

· El acuerdo optará por una de las dos fórmulas siguiente:
         * La escala evolucionará desde el 50% a los 15 años hasta el 100% a los 37 años; esta escala será perfectamente regular y proporcional al final del periodo transitorio de adaptación y se computaría mensualmente.
- El periodo de adaptación sobre el que se trabaja, pendiente aún de concreción final del conjunto de periodos transitorios, sería el siguiente:
· 2013-2018: 20’5 años. Ente los meses 1 y 163, 0’21% mensual y 83 meses siguientes: 0’19%
· 2019-2021: 21 años. Entre los meses 1 al 106, 0’21% mensual y 146 meses siguientes 0’19
· 2022-2024: 21’5 años. Entre los meses 1 y 49, 0’21% mensual y los 209 siguientes 0’19%
· 2025: 22 años, 0’19% mensual, con una cola final de 0’18& para ajustar la cifra al 50% de la Base Reguladora.

Factor de sostenibilidad: revisión quinquenal a partir de 2027
Objetivo: proporcionalidad entre las contribuciones y prestaciones esperadas. A partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán cada cinco años, por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años en el año en que se efectúe la revisión y la de 67 años en 2027.

Mujeres

· Además de los 112 días actuales, nueve meses por hijo, con un máximo de dos años, para las mujeres (y hombres en idénticas circunstancias) que hayan interrumpido su vida laboral para el cuidado de hijos nacidos o adoptados.

Jóvenes

· Reconocer como periodos cotizados la participación de los jóvenes en programas formativos o de investigación. Misma protección que los contratos de formación, a cargo de entes y empresas que los financien que cotizarán.

· Se podrán suscribir convenios especiales de cotización sin necesidad de haber trabajado previamente.

· Para aquellas circunstancias en que sea necesario (por ejemplo, trabajos en el extranjero) se posibilitará la formalización de convenios especiales por la participación en programas de formación e investigación remunerados.

· Se permitirán efectos retroactivos de estas medidas por los programas de los últimos 4 años, con un máximo de 2 años mediante la suscripción de los correspondientes convenios especiales.

Entrada en vigor el 1-1-2013

SEC. SINDICAL CCOO ONCE ALICANTE
C C O O N T I G O

viernes, 28 de enero de 2011

Declaraciones de Carlos Bravo sobre el principio de acuerdo de pensiones

LOS TRABAJADORES/AS PODRÁN JUBILARSE A LOS 65 AÑOS CUANDO HAYAN COTIZADO 38'5 AÑOS

* CUIDAR A LOS HIJOS Y/O SER BECARIO EQUIVALDRÁN A 2 AÑOS DE COTIZACIÓN
* EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN SE HARÁ SOBRE LOS 25 ÚLTIMOS AÑOS TRABAJADOS

jueves, 27 de enero de 2011

Suicidio y trabajo: Francia se esfuerza por comprender lo que España se niega a investigar

En Francia, los cinco suicidios ocurridos en Renault en 2007 supusieron un revulsivo para la opinión pública. Inspectores, periodistas e investigadores iniciaron un trabajo de visibilización que sacó a la luz muchos más casos. La comparación con España es inevitable: en 2009, cuatro trabajadores de la ONCE se suicidan y, más allá de un reportaje en Interviú, aquí no ha pasado nada. Algunos delegados sindicales y familiares están tratando de romper el manto de silencio.

En 2008 se suicidaron en España 3.421 personas, casi 10 al día. De hecho, como reconoce el INE, el suicidio se situó como primera causa externa de defunción ante el descenso de los fallecidos en accidentes de tráfico. ¿Cuántos de estos suicidios tienen relación con el trabajo? Lo cierto es que no lo sabemos porque en España los suicidios ocurridos en el trabajo o relacionados con éste no se investigan. Y ahí están los testimonios de los delegados sindicales de CCOO para demostrarlo.

Blanca Andrada es delegada de CCOO en Vinsa, una empresa de seguridad en Madrid. Personalmente conoce cinco casos de suicidios en su sector ocurridos en la capital de España en los últimos años en cuatro empresas diferentes: Prosegur, Ombus, Falcón y Vinsa. Al menos tres de ellos ocurrieron en el lugar de trabajo y ninguno de ellos fue investigado. “Estamos insistiendo en la necesidad de abrir una línea de trabajo que investigue las causas de los suicidios en las empresas de seguridad, pues tenemos la convicción de que tienen que ver con las condiciones de trabajo y con factores de riesgo psicosocial como el aislamiento, el bajo control sobre la organización del trabajo y la nocturnidad, pero de momento no hemos conseguido que casi nadie se preocupe por el tema”, denuncia Blanca.

Rafael Gutiérrez es delegado de CCOO en la ONCE. Gutiérrez llegó un poco más lejos en su denuncia, consiguió el apoyo del sindicato y algún efecto mediático. Pero al poco tiempo también cayó sobre él, y los trabajadores muertos, el manto de silencio. Gutiérrez denunció, a finales de 2009, que cuatro vendedores de la ONCE se habían suicidado en seis meses: tres en Asturias y uno en Badajoz. Exigía que se investigara la relación entre estas muertes y un nuevo sistema de “control” de los vendedores que la empresa puso en marcha cuando empezaron a descender las ventas. El relato de Gutiérrez es ordenado y apunta directamente a la necesidad de investigar los efectos que tiene sobre las personas determinada organización del trabajo “Cuando las ventas empiezan a caer en la ONCE –explica Gutiérrez–, la empresa transforma lo que primero se llaman ‘inspectores’ en unos nuevos perfiles profesionales más centrados en la dinamización de las ventas. En ese momento, ese personal deja de percibir un salario en función de su escala en el convenio y pasa a cobrar según unos objetivos, y en función de las ventas de los vendedores que tienen a su cargo”. Este cambio de funciones de los inspectores coincide con un cambio de denominación: primero les llaman
“especialistas de ventas” y luego “gestores comerciales”.

“No podemos decir a ciencia cierta por qué se ha suicidado alguien pero sí que podemos investigar si determinadas prácticas producen una presión sobre los trabajadores que a algunos les resulta insoportable”, señala Gutiérrez. El delegado sindical se esfuerza por ponernos en situación: “Te dicen que no estás haciendo números suficientes, que tienes que trabajar más, que no llegas, que no te vayas a comer a casa, que tienes que hacer más horas o trabajar el fin de semana”.

El relato que Gutiérrez hace sobre el sistema de gestión basado en el control coincide casi punto por punto con el que describen Paul Moreira y Hubert Prongeau en su libro Travailler à en mourir (Flammarion, 2009), que recoge las investigaciones sobre los suicidios ocurridos en Renault que, finalmente, sí fueron declarados como accidentes de trabajo. Los “gestores comerciales” de la ONCE que describe Gutiérrez se parecen mucho a los “managers transversaux” (gestores transversales) que puso en marcha Renault a finales de los años 90. No son personas concretas, sino un sistema de gestión basado en el control y la presión lo que está detrás de los suicidios. Esa es la idea que defiende Dorothée Barrel, la inspectora de Trabajo francesa que abrió el camino a las investigaciones en Renault y que denunció ante la justicia lo que ella considera un “acoso moral institucional”. “El acoso moral institucional –explica Barrel– se pone en marcha en la misma organización del trabajo, con la ruptura del lazo social, la individualización de la relación con el trabajo que se produce al introducir sistemas de evaluación de objetivos individuales generalizados, un margen muy pequeño o nulo para que el trabajador organice su trabajo, y una serie de consignas confusas y contradictorias”.

En la ONCE, los casos de Asturias no son más que puntos en un goteo continuo. Alberto Astarloa, de la sección sindical intercentros de CCOO en la ONCE, plantea que hace años que están haciendo un seguimiento, habiendo podido detectar, desde 2004, 16 suicidios consumados y dos fallidos. Recientemente, hace apenas ocho meses, dos nuevos vendedores se han suicidado en Huelva. Todos los suicidios ocurridos en la ONCE y también los ocurridos en las cuatro empresas de seguridad madrileñas se han producido en horario y espacio laboral, lo que en Francia habría provocado una investigación de oficio por parte de inspectores de la CPAM, la institución pública equivalente a nuestro Instituto Nacional de la Seguridad Social. En el caso francés, la empresa tiene que demostrar que esos suicidios no son accidentes de trabajo, en el caso español es justo lo contrario: son las familias de las víctimas las que han de demostrar la relación entre el trabajo y el suicidio.

Astarloa y sus compañeros de CCOO llevan años insistiendo en la evaluación de los riesgos psicosociales con un método adecuado, pero la ONCE no quiere cambiar de metodología: “Hemos tratado de que implanten el COPSOQ-ISTAS 21, pero no hay manera. La empresa niega la relación entre los suicidios y las condiciones de trabajo y aplica un método propio del servicio de prevención que opera por muestreo (y que carece de toda validación científica), según perfiles y no está claro a quién se escoge. Además, ‘evalúan’ aspectos para los que no hay evidencia de que sean riesgos para la salud, y no evalúan otros que claramente sí lo son”.

El esfuerzo que las empresas no hacen para investigar el origen profesional de la angustia que lleva finalmente al trabajador a suicidarse, sí lo realizan para tratar de encubrir los hechos. Recientemente, en un instituto de investigación de una universidad española, cuyos trabajadores prefieren permanecer en el anonimato, se ha suicidado un joven de treinta y pocos años. Sus compañeros y compañeras, aún en estado de shock, saben que tenía problemas con sus superiores, es más, que este mes de enero quería cambiar de trabajo. Parece que alguien de la organización le pidió que aguantara un poco más. Finalmente el joven saltó por la ventana de su domicilio. “Todos sabemos que se ha suicidado, pero el email que recibimos de la dirección del centro dice simplemente que nuestro compañero sufrió un accidente”.

Jueces que visibilizan casos

Las sentencias judiciales que empiezan a considerar los suicidios como accidentes de trabajo son cada vez más habituales también en España. Una de las últimas la dictó el magistrado Joan Agustí, en el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona, en noviembre de 2007. Se trataba de un ingeniero de una empresa petrolífera que estaba encargado de montar una refinería en Asia.

Pocos días antes de que acabara el plazo para la entrega del proyecto, y después de manifestar a sus superiores encontrarse desbordado, este trabajador perfeccionista y responsable decidió acabar con su vida.

Lo novedoso del caso es que el juez sabía, porque así se expuso en el proceso por parte de los familiares de la víctima, que la persona que cometió suicidio padecía un transtorno bipolar y que recibía atención médica por este motivo desde hacía años. La conclusión a la que llega el magistrado es que los hechos prueban que fue “el estrés o la presión laboral el factor que desequilibró el frágil equilibrio del cuadro psíquico del actor”. El magistrado recuerda en su sentencia que nuestra legislación opta por un concepto amplio de accidente de trabajo –frente a un concepto restringido de enfermedad profesional– que comprende, como proclama el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”, incluidas “las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva de accidente”. El juez se expresa con claridad: “Este magistrado tiene la convicción de que, sin la presión laboral de las últimas semanas y la forma en que el finado la vivió, el causante no hubiera tenido el impulso de suicidarse en ese momento”.

BERTA CHULVI

lunes, 17 de enero de 2011

El día 19, encierrro de delegados y delegadas de CCOO y UGT en las sedes provinciales del INSS de todo el país contra el retraso de la edad de jubilación a los 67 años

Delegados y delegadas de CCOO y UGT se encerrarán el miércoles 19 de enero en las sedes provinciales y comarcales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de todo el país (salvo en Andalucía que será el día 25), además de celebrar asambleas en los centros de trabajo, para rechazar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y defender un sistema público de pensiones fuerte y viable.


La intención del Gobierno de retrasar hasta los 67 años la edad legal de jubilación ha contado siempre con la radical oposición de los sindicatos. A juicio de CCOO y UGT la prolongación de la edad de jubilación es una medida injusta e innecesaria, que pone en riesgo el consenso social y político que desde hace más de 15 años ha acompañado a las sucesivas reformas del sistema público de pensiones.

Los sindicatos son los más interesados en preservar la viabilidad futura del sistema público de pensiones, ya que son los trabajadores y trabajadoras los principales beneficiarios de unas prestaciones que con sus cotizaciones durante toda la vida laboral han merecido. Y son ellos los que más deben velar por mantener y mejorar los niveles de protección social en el futuro ante los retos demográficos y financieros que se le presentan al sistema.

Por ello, CCOO y UGT están dispuestos a buscar alternativas y propuestas que no pasen por un recorte injustificado de los derechos de los trabajadores, pero han advertido al Gobierno que irán aumentando gradualmente las movilizaciones según evolucionen las negociaciones con la patronal y el Gobierno.