El incremento de los recibos del consumo eléctrico y del gas a partir del 1 de enero, muy por encima del IPC, perjudicará a millones de familias, ya de por sí castigadas por la crisis económica y otras medidas adoptadas con anterioridad por el Gobierno, como la escasa subida del SMI (1%), la congelación de las pensiones a más de 6 millones de pensionistas, la reducción salarial a más de 2 millones de empleados públicos o la retirada de la ayuda de 426€ a los parados sin ingresos. En opinión de CCOO, con la autorización de estas subidas el Gobierno pone de manifiesto una vez más que está más dispuesto a atender las exigencias empresariales, en este caso del sector energético, que las demandas de los trabajadores.
La subida del recibo de la luz en un 9,8%, que viene a sumarse a las ya efectuadas a lo largo del año, y del gas en un 3,9% - el transporte de Cercanías, que es utilizado por millones de trabajadores para desplazarse a sus puestos de trabajo, también subirá un 3,1% a partir del 1 de enero -, supone un duro golpe para millones de familias en plena crisis económica y viene a mermar aún más su capacidad de compra y de consumo.
El incremento, en opinión de CCOO, repercutirá también negativamente en la competitividad porque con esta subida aumenta significativamente los costes de producción de las empresas y, con ello, perjudica las posibilidades de mantenimiento y creación de empleo.
Para CCOO, con esta subida de tarifas - la eléctrica es la mayor en 28 años, y representa un incremento de casi un 50% desde enero de 2008 - el Gobierno pretende satisfacer los intereses del sector energético, que registran importantes beneficios, y contrasta con la intransigencia mostrada a la hora de aprobar medidas que perjudican gravemente a los trabajadores, como es el caso de la reforma laboral, la congelación de las pensiones o la reducción salarial de los empleados públicos, así como la anunciada reforma del sistema de pensiones.
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