Declaraciones de Carlos Bravo sobre el principio de acuerdo de pensiones

LOS TRABAJADORES/AS PODRÁN JUBILARSE A LOS 65 AÑOS CUANDO HAYAN COTIZADO 38'5 AÑOS

* CUIDAR A LOS HIJOS Y/O SER BECARIO EQUIVALDRÁN A 2 AÑOS DE COTIZACIÓN
* EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN SE HARÁ SOBRE LOS 25 ÚLTIMOS AÑOS TRABAJADOS

Suicidio y trabajo: Francia se esfuerza por comprender lo que España se niega a investigar

En Francia, los cinco suicidios ocurridos en Renault en 2007 supusieron un revulsivo para la opinión pública. Inspectores, periodistas e investigadores iniciaron un trabajo de visibilización que sacó a la luz muchos más casos. La comparación con España es inevitable: en 2009, cuatro trabajadores de la ONCE se suicidan y, más allá de un reportaje en Interviú, aquí no ha pasado nada. Algunos delegados sindicales y familiares están tratando de romper el manto de silencio.

En 2008 se suicidaron en España 3.421 personas, casi 10 al día. De hecho, como reconoce el INE, el suicidio se situó como primera causa externa de defunción ante el descenso de los fallecidos en accidentes de tráfico. ¿Cuántos de estos suicidios tienen relación con el trabajo? Lo cierto es que no lo sabemos porque en España los suicidios ocurridos en el trabajo o relacionados con éste no se investigan. Y ahí están los testimonios de los delegados sindicales de CCOO para demostrarlo.

Blanca Andrada es delegada de CCOO en Vinsa, una empresa de seguridad en Madrid. Personalmente conoce cinco casos de suicidios en su sector ocurridos en la capital de España en los últimos años en cuatro empresas diferentes: Prosegur, Ombus, Falcón y Vinsa. Al menos tres de ellos ocurrieron en el lugar de trabajo y ninguno de ellos fue investigado. “Estamos insistiendo en la necesidad de abrir una línea de trabajo que investigue las causas de los suicidios en las empresas de seguridad, pues tenemos la convicción de que tienen que ver con las condiciones de trabajo y con factores de riesgo psicosocial como el aislamiento, el bajo control sobre la organización del trabajo y la nocturnidad, pero de momento no hemos conseguido que casi nadie se preocupe por el tema”, denuncia Blanca.

Rafael Gutiérrez es delegado de CCOO en la ONCE. Gutiérrez llegó un poco más lejos en su denuncia, consiguió el apoyo del sindicato y algún efecto mediático. Pero al poco tiempo también cayó sobre él, y los trabajadores muertos, el manto de silencio. Gutiérrez denunció, a finales de 2009, que cuatro vendedores de la ONCE se habían suicidado en seis meses: tres en Asturias y uno en Badajoz. Exigía que se investigara la relación entre estas muertes y un nuevo sistema de “control” de los vendedores que la empresa puso en marcha cuando empezaron a descender las ventas. El relato de Gutiérrez es ordenado y apunta directamente a la necesidad de investigar los efectos que tiene sobre las personas determinada organización del trabajo “Cuando las ventas empiezan a caer en la ONCE –explica Gutiérrez–, la empresa transforma lo que primero se llaman ‘inspectores’ en unos nuevos perfiles profesionales más centrados en la dinamización de las ventas. En ese momento, ese personal deja de percibir un salario en función de su escala en el convenio y pasa a cobrar según unos objetivos, y en función de las ventas de los vendedores que tienen a su cargo”. Este cambio de funciones de los inspectores coincide con un cambio de denominación: primero les llaman

“especialistas de ventas” y luego “gestores comerciales”.

“No podemos decir a ciencia cierta por qué se ha suicidado alguien pero sí que podemos investigar si determinadas prácticas producen una presión sobre los trabajadores que a algunos les resulta insoportable”, señala Gutiérrez. El delegado sindical se esfuerza por ponernos en situación: “Te dicen que no estás haciendo números suficientes, que tienes que trabajar más, que no llegas, que no te vayas a comer a casa, que tienes que hacer más horas o trabajar el fin de semana”.

El relato que Gutiérrez hace sobre el sistema de gestión basado en el control coincide casi punto por punto con el que describen Paul Moreira y Hubert Prongeau en su libro Travailler à en mourir (Flammarion, 2009), que recoge las investigaciones sobre los suicidios ocurridos en Renault que, finalmente, sí fueron declarados como accidentes de trabajo. Los “gestores comerciales” de la ONCE que describe Gutiérrez se parecen mucho a los “managers transversaux” (gestores transversales) que puso en marcha Renault a finales de los años 90. No son personas concretas, sino un sistema de gestión basado en el control y la presión lo que está detrás de los suicidios. Esa es la idea que defiende Dorothée Barrel, la inspectora de Trabajo francesa que abrió el camino a las investigaciones en Renault y que denunció ante la justicia lo que ella considera un “acoso moral institucional”. “El acoso moral institucional –explica Barrel– se pone en marcha en la misma organización del trabajo, con la ruptura del lazo social, la individualización de la relación con el trabajo que se produce al introducir sistemas de evaluación de objetivos individuales generalizados, un margen muy pequeño o nulo para que el trabajador organice su trabajo, y una serie de consignas confusas y contradictorias”.

En la ONCE, los casos de Asturias no son más que puntos en un goteo continuo. Alberto Astarloa, de la sección sindical intercentros de CCOO en la ONCE, plantea que hace años que están haciendo un seguimiento, habiendo podido detectar, desde 2004, 16 suicidios consumados y dos fallidos. Recientemente, hace apenas ocho meses, dos nuevos vendedores se han suicidado en Huelva. Todos los suicidios ocurridos en la ONCE y también los ocurridos en las cuatro empresas de seguridad madrileñas se han producido en horario y espacio laboral, lo que en Francia habría provocado una investigación de oficio por parte de inspectores de la CPAM, la institución pública equivalente a nuestro Instituto Nacional de la Seguridad Social. En el caso francés, la empresa tiene que demostrar que esos suicidios no son accidentes de trabajo, en el caso español es justo lo contrario: son las familias de las víctimas las que han de demostrar la relación entre el trabajo y el suicidio.

Astarloa y sus compañeros de CCOO llevan años insistiendo en la evaluación de los riesgos psicosociales con un método adecuado, pero la ONCE no quiere cambiar de metodología: “Hemos tratado de que implanten el COPSOQ-ISTAS 21, pero no hay manera. La empresa niega la relación entre los suicidios y las condiciones de trabajo y aplica un método propio del servicio de prevención que opera por muestreo (y que carece de toda validación científica), según perfiles y no está claro a quién se escoge. Además, ‘evalúan’ aspectos para los que no hay evidencia de que sean riesgos para la salud, y no evalúan otros que claramente sí lo son”.

El esfuerzo que las empresas no hacen para investigar el origen profesional de la angustia que lleva finalmente al trabajador a suicidarse, sí lo realizan para tratar de encubrir los hechos. Recientemente, en un instituto de investigación de una universidad española, cuyos trabajadores prefieren permanecer en el anonimato, se ha suicidado un joven de treinta y pocos años. Sus compañeros y compañeras, aún en estado de shock, saben que tenía problemas con sus superiores, es más, que este mes de enero quería cambiar de trabajo. Parece que alguien de la organización le pidió que aguantara un poco más. Finalmente el joven saltó por la ventana de su domicilio. “Todos sabemos que se ha suicidado, pero el email que recibimos de la dirección del centro dice simplemente que nuestro compañero sufrió un accidente”.

Jueces que visibilizan casos

Las sentencias judiciales que empiezan a considerar los suicidios como accidentes de trabajo son cada vez más habituales también en España. Una de las últimas la dictó el magistrado Joan Agustí, en el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona, en noviembre de 2007. Se trataba de un ingeniero de una empresa petrolífera que estaba encargado de montar una refinería en Asia.

Pocos días antes de que acabara el plazo para la entrega del proyecto, y después de manifestar a sus superiores encontrarse desbordado, este trabajador perfeccionista y responsable decidió acabar con su vida.

Lo novedoso del caso es que el juez sabía, porque así se expuso en el proceso por parte de los familiares de la víctima, que la persona que cometió suicidio padecía un transtorno bipolar y que recibía atención médica por este motivo desde hacía años. La conclusión a la que llega el magistrado es que los hechos prueban que fue “el estrés o la presión laboral el factor que desequilibró el frágil equilibrio del cuadro psíquico del actor”. El magistrado recuerda en su sentencia que nuestra legislación opta por un concepto amplio de accidente de trabajo –frente a un concepto restringido de enfermedad profesional– que comprende, como proclama el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”, incluidas “las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva de accidente”. El juez se expresa con claridad: “Este magistrado tiene la convicción de que, sin la presión laboral de las últimas semanas y la forma en que el finado la vivió, el causante no hubiera tenido el impulso de suicidarse en ese momento”.

BERTA CHULVI

El día 19, encierrro de delegados y delegadas de CCOO y UGT en las sedes provinciales del INSS de todo el país contra el retraso de la edad de jubilación a los 67 años

Delegados y delegadas de CCOO y UGT se encerrarán el miércoles 19 de enero en las sedes provinciales y comarcales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de todo el país (salvo en Andalucía que será el día 25), además de celebrar asambleas en los centros de trabajo, para rechazar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y defender un sistema público de pensiones fuerte y viable.

La intención del Gobierno de retrasar hasta los 67 años la edad legal de jubilación ha contado siempre con la radical oposición de los sindicatos. A juicio de CCOO y UGT la prolongación de la edad de jubilación es una medida injusta e innecesaria, que pone en riesgo el consenso social y político que desde hace más de 15 años ha acompañado a las sucesivas reformas del sistema público de pensiones.

Los sindicatos son los más interesados en preservar la viabilidad futura del sistema público de pensiones, ya que son los trabajadores y trabajadoras los principales beneficiarios de unas prestaciones que con sus cotizaciones durante toda la vida laboral han merecido. Y son ellos los que más deben velar por mantener y mejorar los niveles de protección social en el futuro ante los retos demográficos y financieros que se le presentan al sistema.

Por ello, CCOO y UGT están dispuestos a buscar alternativas y propuestas que no pasen por un recorte injustificado de los derechos de los trabajadores, pero han advertido al Gobierno que irán aumentando gradualmente las movilizaciones según evolucionen las negociaciones con la patronal y el Gobierno.

La frontera del acuerdo en pensiones es el alargamiento de la edad de jubilación

El secretario de Acción Sindical de CCOO ha explicado ante una asamblea de 500 delegados sindicales en Valencia el contenido de las negociaciones que está llevando a cabo con el Gobierno central.

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, ha aclarado esta mañana que la posibilidad de un pacto global, que incluiría materias como mercado laboral o negociación colectiva, que ayer planteó el secretario general, Ignacio Fernández Toxo, es para que la sociedad tenga muy claro que los sindicatos tienen propuestas “pero que esto no va a ser a cambio del alargamiento de la edad de jubilación ni de que haya que cotizar 41 años para obtener pensión completa”. CCOO está trabajando para evitar ese retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, tal y como propone el Gobierno. Un acuerdo global que sirva para cambiar la situación económica “y si no lo hay la responsabilidad será de quien lo impida”, ha puntualizado Górriz. El sindicato ha establecido el 25 de enero como fecha límite para alcanzar un acuerdo, puesto que ese día se debate en el pleno del Congreso las recomendaciones del Pacto de Toledo, en el que ningún partido ha aprobado el alargamiento de la edad de jubilación, ha recordado el dirigente sindical.

Górriz ha señalado que no puede ser que determinados “expertos” o la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) sean los que dicten la política del Gobierno, puesto que todos ellos tienen que ver con la banca, las grandes empresas y no son neutrales. “Algunas de estas políticas se trasladan al Ministerio de Economía, no se puede establecer la salida a la crisis a través de la reducción del Estado del Bienestar”. En este sentido, Górriz ha afirmado que las reformas son necesarias, no para calmar a los mercados que van a seguir con su voracidad, sino para garantizar la calidad del Estado de Bienestar y los niveles de protección. El dirigente sindical admite que hay retos demográficos y financieros, pero que se debe actuar desde los ingresos, aumentando el Salario Mínimo Interprofesional para subir las bases de cotización, incluyendo a las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social y estableciendo una contributividad entre lo que se gana y lo que se cotiza, con todo ello se aumentarían los ingresos.

Con relación a la reforma sobre la negociación colectiva, Górriz ha rechazado con contundencia la eliminación de la ultractividad de los convenios colectivos, es decir, que en el momento de su finalización las relaciones laborales empiecen desde cero. CCOO defiende que el convenio colectivo sea algo fundamental, así como la libertad sindical. Górriz ha recordado que la negociación colectiva no ha caído del cielo, ha costado muchas luchas y muchos muertos. “Por ello decimos que la Reforma Laboral no acaba en el BOE, sino que la tenemos que combatir desde la negociación colectiva y desde el Parlamento”, en referencia a la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular que el sindicato promueve junto a UGT.

Por su parte, el secretario general de CCOO PV, Paco Molina, ha señalado que la ampliación del posible acuerdo a otras materias para intentar alcanzar un pacto global de carácter económico y social es una “estrategia acertada ante la magnitud de la crisis, que es compleja y diversa”.

Molina ha concretado este escenario de crisis en el País Valenciano durante los tres últimos años: un aumento del 115% en el paro registrado desde 2008 hasta finales de 2010; 303.000 personas que han perdido su puesto de trabajo y una la pérdida de empleo que se ha centrado principalmente en dos sectores, en la construcción (45%) y el industrial (37%). Por tanto, CCOO está en condiciones de exigir compromisos amplios, sociales y políticos. El máximo dirigente de CCOO PV ha afirmado que el sindicato se “rebelará” si las propuestas de los gobiernos y patronales tan solo están sustentadas en actuar sobre el gasto y en su recorte, “porque eso es lo que nos acaba afectando, a las empresas, a los servicios públicos y a las familias”.

Gabinete de Prensa

EL SALARIO BASE SE INCREMENTA EN UN 2,5% Y EL MINIMO MENSUAL, UMBRAL AL 0% Y TABLA DE PRODUCTIVIDAD EN UN 2 % EN 2011

Lo pactado en el XIV Convenio Colectivo, respecto de la revisión salarial e incremento de los conceptos de productividad del personal vendedor, determinan que a partir del 1 de enero de 2011 las cuantías aplicables serán:

- Mínimo de Venta: 413,25 para Jornadas de Viernes y 165,30 para el Resto de Jornadas.

- Umbral al 0%: 275,49 para Jornadas de Viernes y 110,20 para Resto de Jornadas.

Finalmente, el Salario Base mensual de 2011, para el personal vendedor y para los diferentes grados del no vendedor, serán los siguientes:


GRADO                 IMPORTE/MES
     1                       1.179,29
     2                       1.254,03
     3                       1.357,69
     4                       1.492,74
     5                       1.627,58
     6                       1.792,48
     7                       2.016,2
     8                       2.285,65
     9                       2.591,56
   10                       2.935,52
   11                       3.302,47

VENDEDOR SENIOR       975,22

VENDEDOR JUNIOR       682,65

GESTOR COMERCIAL    1.842,06

La revisión salarial se efectúa a partir del 1 de enero por lo que ya no se abonarán atrasos sobre el año anterior.