La Conselleria de Justicia pretende justificar mediante el argumento de que la estructura de juzgados es inadecuada, su falta de dotación presupuestaria para poner en marcha los 15 órganos judiciales que se había comprometido. Para CCOO este argumento no es admisible y considera que los juzgados que no se crearán parecen ser el pago de la factura que deben pagar los valencianos para hacer frente a la deuda contraída por la Generalitat con Correos y que asciende a 33 millones de euros.
El déficit de órganos judiciales de la Justicia valenciana no permite experimentos organizativos como el que anuncia la Conselleria, que ha sido incapaz de afrontar en los últimos años ninguna iniciativa para reformar la oficina judicial. Así mismo, los partidos judiciales afectados no pueden soportar más dilaciones en la necesaria dotación de magistrados y personal. La justicia en las localidades de Alicante, Orihuela, Benidorm, Elche, Denia, Torrevieja, Novelda, Vilajoyosa, Nules, Gandia, Carlet, Llíria, Massamagrell y Quart de Poblet se verán afectadas por la decisión y difícilmente se pondrá solución al grave problema de colapso y retraso que padecen.
La Administración autonómica se comprometió el pasado diciembre en la Mesa Sectorial de Justicia con las organizaciones sindicales a la creación de los juzgados pendientes con todo el personal, unos 150 trabajadores, y anunció que no habría ningún inconveniente ni con la ubicación de los órganos ni con la dotación del personal.
Para CCOO se deberían depurar responsabilidades ante estos incumplimientos y la degradación y mal funcionamiento de la Justicia valenciana que parece no tener fin.
Cronología
La Conselleria de Justicia había solicitado la creación de 25 órganos judiciales en 2010 a la Administración central y le fueron autorizados y aprobados 23 nuevos órganos, que ya deberían estar en funcionamiento. Solo pudieron ponerse en marcha 8 órganos judiciales a finales de 2010 y el Ministerio de Justicia concedió un aplazamiento para los 15 órganos judiciales pendientes que deben comenzar su actividad el 30 de junio próximo. Las razones del Gobierno valenciano para justificar dicho retraso fueron las dificultades de ubicación y de presupuesto.
Gabinete de Prensa
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