La Mesa de Asociaciones de Administraciones de Lotería convocaron hoy un cierre patronal "condicionado, intermitente y transitorio" para el próximo 21 de abril para protesta por el intento del Gobierno de realizar el "tercer mayor proceso de privatización de la democracia", al liberar el sector del juego público, "de espaldas a la sociedad", antes de aprobar una Ley del Juego Público.
Así, el presidente de la mesa, en la que se agrupan las principales asociaciones del sector (ANAPAL, APLA y Fenapal), Manuel Izquierdo, se quejó en rueda de prensa en Madrid de la "política de hechos consumados" del Gobierno en este tema y criticó la aprobación de dos disposiciones transitorias en los Presupuestos Generales de este año que, en opinión de los loteros, son "el primer paso a la privatización".
Ambas disposiciones implican que las nuevas administraciones de loterías firmaran un contrato mercantil con Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en lugar de la concesiones administrativas que tenían hasta ahora, y las administraciones que actualmente están funcionando podrán elegir si continuar con el antiguo sistema o pasarse al nuevo.
Además, los loteros se quejan de que LAE pretende vender la Lotería Nacional a través de máquinas expendedoras, lo que, según sus cálculos, podría suponer el cierre de 1.000 puntos de venta en un año -actualmente hay 4.000- y que los ingresos del Estado pasen de los alrededor de 3.000 millones de euros a menos de 1.000 millones de euros, indicó el secretario de ANAPAL Madrid, Pedro Lamata.
Por su parte, directivos de LAE han negado en diversas ocasiones que se vayan a instalar máquinas expendedoras para vender la Lotería Nacional en bares o gasolineras, como temen los loteros, y, aunque han reconocido que sí se va a implantar máquinas en los puntos de venta oficiales para vender Lotería Nacional, han señalado que sólo se sustituirá el tradicional billete por un resguardo cuando el consumidor quiera un número concreto que esté disponible en otro punto de España.
Asimismo, según LAE, las dos disposiciones transitorias que han motivado el cierre patronal son consecuencia de la Ley de 2007 de Contratos del Sector Público. Sin embargo, los 'loteros' no están tan seguros y temen que se trate de "un ardid legislativo" para dejar participar a los operadores privados en los beneficios de los juegos que actualmente gestiona LAE, por lo que piden que se paralicen esas disposiciones y cualquier cambio venga precedido de una Ley de Juego Público pactada en el Congreso.
Renta pública histórica
Así, Izquierdo señaló que los ingresos que proporciona los juegos públicos al Estado es "una renta pública histórica que se puede ver menoscabada", a su juicio, por estas dos disposiciones transitorias, y que "no puede dejarse de lado". "No entendemos por qué algo que funciona muy bien hay que modificarlo tan alegremente", subrayó el secretario de la mesa de asociaciones, Jorge Martín.
Actualmente, de acuerdo a los loteros, el juego público da empleo directo a alrededor de 12. 000 personas directamente, y hasta 25.000 de forma indirecta, que se distribuyen en 4.000 puntos de venta en toda España. Estas administraciones facturan al año en torno a 8.300 millones de euros, de los cuales alrededor de 3.000 van directamente a las cuentas del Estado.
Los juegos que gestiona LAE actualmente -Lotería Nacional, Primitiva, Quiniela, etc- representan el 33 por ciento del negocio del juego en España, mientras que el resto se distribuye entre las máquinas tragaperras, los casinos y los bingos, señaló Lamata. Por contra, el porcentaje del juego público en el resto de países europeos ronda el 20 por ciento.
Fuente: Abc
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