UN IMPERIO VENIDO A MENOS

La organización que se convirtió en un gran 'holding' empresarial en los 90, con participaciones en Telecinco y Onda Cero, necesita la ayuda del Estado para cubrir sus pérdidas.

La ONCE vive tiempos oscuros», sentencia uno de sus 70.000 afiliados, que prefiere no dar su nombre. Dice que el equipo gestor «no sabe a dónde va» y que la oposición «no es creíble». El anonimato y las críticas se explican por la peculiar naturaleza de la organización, una corporación sin ánimo de lucro «con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual», según puede leerse en su propia página web. Pero también un miniestado, con sus propios partidos políticos, y una empresa, con su consejo de administración -el consejero general-, su gerente -o director general-, su grupo de participadas (CEOSA) y sus representantes sindicales.

La ONCE nació en 1938 en virtud de un decreto firmado por el general Francisco Franco en Burgos el día de Santa Lucía. Pero hasta 1982 no celebró sus primeras elecciones al Consejo General y hasta 1988 no aprobó sus primeros estatutos.

Aunque durante los tres primeros años de gobierno democrático tuvo una presidencia conservadora, a partir de 1985 Unidad Progresista (UP) se hizo con el poder, que no ha abandonado hasta hoy. Los 15 miembros del Consejo General pertenecen a ese partido, y de los 149 integrantes de los consejos territoriales, sólo seis poseen el carné de PUEDO, que junto con Alternativa Social (AS) conforman la oposición. Además, se creó un sindicato, UTO (Unión de Trabajadores de la ONCE), que en 1991 se integró en UGT y cuenta con el respaldo del 87% de la plantilla.

Lo cierto es que los tiempos han cambiado, y mucho, para la ONCE. De la organización casi de beneficencia que se convirtió en un auténtico holding empresarial en los 90, con participaciones en Telecinco, Onda Cero o El Independiente, y que terminó implicada en los casos Gescartera y Telecinco, se ha pasado a una institución mucho más tímida. Aunque también más desencantada. «Antes, la ONCE era el único canal de acceso a la cultura que tenían los ciegos como única suministradora de libros en Braille o de libros hablados. Ahora, internet y las nuevas tecnologías permiten a los discapacitados visuales tener a su alcance todo tipo de productos, y a precios muy baratos. Antes, la ONCE era como un hada madrina que proporcionaba todo lo necesario, una gran familia y una comunidad. Ahora se está rompiendo todo eso y los ciegos quieren trabajar fuera de la ONCE, en la sociedad», explican las fuentes.

Miguel Durán lo ve desde otra perspectiva: «En mi época la ONCE era una institución expansiva, incluso demasiado. También reivindicativa y que ganaba terreno comercial. Ahora está metida en sí misma y ha traicionado a su estirpe».

Por el contrario, el portavoz de la organización de ciegos lo resume asegurando que antes -en la época de Durán, aunque no lo nombra- «se tomban decisiones personales; ahora son colegiadas». Y cita la filosofía que dirige su actual gestión: «La ONCE trabaja en silencio y a gusto».

El Supremo confirmó en 1994 la condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la ONCE por prácticas antisindicales y, según Inocencio Rial, casi alcanza la decena el número de sentencias de otros tribunales inferiores en contra de la organización por el mismo cargo. «Para ascender, es obligatorio tener el carné de UP o de UTO», indican fuentes conocedoras de lan organización. Después de casi 25 años ininterrumpidos en el poder y sin apenas oposición, añaden, el clientelismo es la consecuencia casi inevitable. CCOO tacha de «comisarios políticos» a los mandos intermedios que, a su juicio, configuran «una estructura desproporcionada e inútil».

El plan de ahorro en marcha es el pegamento que ha unido a los dos partidos de oposición con los sindicatos minoritarios, CCOO y CSI-CSIF, en una plataforma para combatir «el desmoronamiento de la ONCE», en palabras de Inocencio Rial. Todos ellos reclaman la intervención del Gobierno, en reciprocidad por las subvenciones concedidas a la organización en virtud de los acuerdos que firma con ella. Así, la ONCE recibirá este año 48 millones de euros por sus pérdidas de explotación (18,17 millones en 2008). Pero el Consejo de Protectorado, formado por miembros de cuatro ministerios y de la organización de ciegos, no ejerce el control que, a juicio de la oposición, debería.

«El Gobierno hace oídos sordos porque prefiere pagar a la ONCE a cambio de lo que un diputado del PP dijo una vez que era la misión de la organización de ciegos: pastorerar la discapacidad», explica Miguel Durán. Las mismas fuentes antes citadas revelan que el techo de ventas que el Gobierno impone a la ONCE -para que no amenace la cuota de las LAE- y que hace años los ciegos juzgaban un freno a su crecimiento, se ha convertido, durante las vacas flacas, en una «tabla de salvación»: permite a los Presupuestos del Estado hacerse cargo de la pérdida de ingresos por la caída del juego.

B. P. R. (22/11/2009)

El Gobierno prepara una Ley del Juego para regular las apuestas por internet

La penetración de internet entre los españoles ha disparado las apuestas y los juegos 'on line'. Según un estudio de la Asociación de Afectados por la Ludopatía (Vida Libre) unos 200.000 españoles ya se han enganchado a los juegos por internet (bingo, casinos, etc.) en los que apuestan unos 1.200 millones de euros anuales. Fuentes del sector, sin embargo, consideran esta cantidad excesiva y dan más crédito a las estimaciones del Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. Según este organismo, las apuestas son la quinta actividad con mayor peso dentro del comercio electrónico. Representan un 7% de los 1.300 millones que mueven los internautas españoles en la Red. Con independencia de las cifras, el Ministerio de Economía y Hacienda está preocupado por la proliferación de este tipo de juegos, sobre todo, por la pérdida de ingresos que representan para las arcas públicas. Este ministerio comenzará el próximo año a diseñar una nueva Ley del Juego - tal y como prevé la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información de 2007- que regule las apuestas por internet, teléfono móvil, televisión interactiva o en cualquiera de los soportes que permitan las nuevas tecnologías. La idea es que la normativa entre en vigor en 2012, antes de que finalice la presente legislatura. El objetivo es que las Loterías y Apuestas del Estado puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de operadores. Desde hace cinco años es posible apostar a la Primitiva o jugar a la Quiniela por internet. En la actualidad, LAE factura 25 millones de euros por este canal de venta mientras que su cifra de negocio global - incluyendo la Lotería- supera los 10.000 millones.

Antes de que el Congreso apruebe la nueva norma, el Gobierno quiere avanzar en la modernización de la red de venta de las loterías públicas. Según un anexo introducido en los Presupuestos de 2010, las nuevas administraciones que se autoricen operarán bajo el régimen de un contrato mercantil. Esto es: dejarán de ser concesiones administrativas. Las administraciones actuales tendrán un plazo de dos años para reconvertirse si así lo desean. El articulado ha puesto en pie de guerra a los loteros que acusan al Gobierno de acometer una «privatización de forma encubierta».

M. GÓMEZ  (22/11/2009)